¿De qué se ríen?

Confirman que el “censurado” Nelson vendió pescado podrido

En una nota, el periodista Eduardo Anguita revela que una auditoría de la UTN de Córdoba confirmó que era falsa la información de que la empresa Electroingeniería había sobrefacturado una obra pública. Esa supuesta denuncia fue "denunciada" por el serio periodista -porque no se ríe- Nelson Castro vinculándola con la compra de Radio Del Plata por parte de esa misma empresa cordobesa a la que acusó de nada menos que "K". (Todos conocemos las maldiciones asociadas a esa letra). No sólo eso, el bueno de Nelson "denunció" que los nuevos dueños de Del Plata lo censuraron por haber difundido esa "información", que hoy se ratifica absolutamente falsa. Lo que no dijo Nelson en aquellos tiempos es que previo a su desvinculación de la nueva "radio K" había pedido un suculento aumento de sus honorarios, lo cual fue claramente rechazado por sus nuevos dueños.

En ese interín, difundió esa información falsa contra sus nuevos patrones sobre una supuesta sobrefacturación en una obra pública de tendido eléctrico en el sur, supuestamente basado en un informe de la Auditoría General de la Nación, a cargo del dirigente radical Leandro Despouy, que también valió que la autodenominada fiscal de la patria, Elisa Carrió, lo denunciara como un nuevo hecho de corrupción de Kirchner y sus empresarios amigos.

Claro, la censura a Castro fue demasiado sutil, porque continuó con su programa en TN, y además Radio Mitre le ofreció un generoso espacio en su dial en los que sigue diciendo todas "sus verdades", demostrando toda su "independencia", criticando al gobierno K, y vendiendo todo el pescado podrido que su audiencia simpre está ávida de deglutir.

Saqueo "espontáneo" y operativo "contagio"

Una situación de extrema necesidad es el caldo de cultivo para cualquier tipo de acción violenta. Basta que alguien encienda una mecha. Desde hace varios meses, la improvisada y errática cintura política del gobierno provincial para lidiar con los movimientos sociales, sumado a una incesante operación subterránea de la oposición radical para soliviantar a los más revoltosos, deriva en cuestiones como las que sucedieron con el saqueo a un depósito de Desarrollo Social en la ciudad de Juan José Castelli perpetrado por la rama chaqueña del MIJD de Raúl Castells. Como su líder, estos altruistas dirigentes sociales siempre están predispuestos a pasar a la acción directa a favor de “los más necesitados” como en esta oportunidad, o de los “pequeños productores” de la Sociedad Rural como durante el conflicto por las retenciones.

Ese hecho “espontáneo” del que pudieron ser testigos los corresponsales chaqueños de todos los canales de noticias nacionales –gracias a Dios existe la prensa libre e independiente- que de casualidad andaban por una localidad chaqueña ubicada apenas a 280 kilómetros de la capital del Chaco, Resistencia, puede ser interpretado como un globo de ensayo que, repetido hasta el cansancio por América Noticias, TN, Crónica y Canal 26, puede inducir a una opinión pública por demás “crispada” –según el término en boga de los editorialistas liberales- a aceptar que estamos ante un real clima de ingobernabilidad, no sólo en el Chaco sino en todo el país, buscando generar algún efecto contagio en lugares con mayor densidad de población y relevancia mediática que la insignificante ciudad chaqueña (Pienso en alguna ciudad del conurbano o en la misma periferia de grandes ciudades como Rosario).

Para ser precisos, cabe aclarar que sólo el movimiento de Castells ha protagonizado en el Chaco medidas de acción directa, no así el resto de las organizaciones sociales que, con matices, insisten con otras metodologías no violentas –o no tan violentas- como los cortes de ruta, de calles o los acampes en lugares públicos que, no obstante, han provocado como respuesta un fuerte endurecimiento por parte del gobierno provincial que hasta hace poco tiempo sostenía las mismas banderas que el kirchnerismo desde sus orígenes: la no criminalización de la protesta social. (Escribimos hace poco sobre eso).

Desde el oficialismo se apuntaron los cañones contra algunos legisladores de la oposición y lo enmarcaron en la propia interna del radicalismo ya que, quienes fueron apuntados como autores intelectuales del hecho, están duramente enfrentados al intendente radical de Castelli, a quien acusan por lo bajo de haber trabajado para el oficialismo en elección del 28 de junio pasado en la que ganó el justicialismo después de muchos años. Se puede aportar además que el jefe comunal no se encontraba en la localidad cuando se produjo el suceso y además que –sugestivamente- se utilizó un camión de la Municipalidad para trasladar parte de la mercadería que era saqueada del depósito oficial.

Los rudimentarios conocimientos sobre el funcionamiento del dispositivo comunicacional me hacen advertir que ese modelo de “saqueo espontáneo” –sobrerrepresentado mediáticamente- no será un hecho aislado –así lo diagnosticó también el gobierno de Chaco-. Por fortuna, las organizaciones populares están mucho más desarrolladas hoy que en 2.001 para evitar caer en operaciones de este tipo. De todas formas, hay que estar atentos.

Hay Milagros también en el Chaco

¿Creer en el trabajo real, tangible, organizado y militante que trasciende las fronteras de Jujuy o en las habladurías de dos políticos insignificantes, abstinentes de apoyo popular, que demonizan la organización de los sectores populares?

La vergüenza del periodismo chaqueño

Primera Línea, el peor de todos

El Sindicato de Prensa del Chaco, preocupado por la situación de explotación e ilegalidad en que se encuentran los periodistas chaqueños, mantuvo una reunión días pasados, en asamblea con los trabajadores del diario Primera Línea. Allí se planteó a los compañeros la necesidad urgente de regularizar la situación que la empresa mantiene hace más de tres años con respecto a la obra social y a las irregularidades en cuanto a la norma convencional y salarial.

Primera Línea es una de las empresas periodísticas chaqueñas que, particularmente, hace más de tres años no realiza los correspondientes aportes a la Obra Social del gremio (OSPPCHA) y tampoco al sistema previsional (Jubilación). De esta manera, le niega a sus trabajadores y sus familias la protección sanitaria a la que cada uno tiene derecho e indefectiblemente atenta contra el sistema de salud solidario que impera en el país.

A pesar de los eternos compromisos lo cierto es que la empresa periodística no soluciona este gravísimo problema y los trabajadores de prensa del medio tampoco logran que escuchen su reclamo de pago de las deudas por aportes y contribuciones de ley ni tampoco lo referido a condiciones de trabajo ni los salarios de ley.

En la última asamblea con los trabajadores la entidad advirtió que en estas condiciones con más de tres años de deuda era imposible sostener las prestaciones médicas a los trabajadores y sus familias, de Ediciones Integrales del NEA S.A., editora de Primera Línea.

La empresa hasta el día de la fecha no dio una sola respuesta y sigue descontando y reteniendo ilegalmente los aportes de los trabajadores así como violentando el convenio colectivo y los salarios estipulados en el último acuerdo paritario concretado para todas las empresas periodísticas del Chaco.

Las autoridades de la empresa ante los reclamos de la asamblea continúan con respuestas dilatorias y esquivas, apostando en el desgaste su éxito. Sin embargo, saben que el callejón no tiene salida y que deben dar una respuesta al sindicato, su obra social y a sus propios trabajadores.

Es de público conocimiento que esta empresa en estos temas no es la única pero sí la peor por lo que, cansados de convocar al diálogo, nos queda a los trabajadores organizarnos, unidos y solidarios para enfrentar de otra manera la difícil situación a la que nos someten en la mayoría de los medios de comunicación chaqueños.

¿Avanzan los halcones en el Chaco?

Mientras la manipuladora cobertura del canal Todo Noticias (TN) licúa todo el complejo acontecer político chaqueño -con la presencia de su bufón más renombrado, Julio Bazán- y lo reduce todo a una pelea pasional entre el gobernador Capitanich y su esposa, Sandra Mendoza –“La guerra de los Capitanich”- (lo cual hace más que evidente la necesidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), se produjeron hechos políticos que significaron una ruptura en la lógica de abordaje de la protesta social del gobierno del Chaco. Desde su misma asunción Capitanich ha tenido que lidiar con el heterogéneo arco político de fuerzas políticas que le permitieron consagrarse gobernador en 2.007. Hasta ayer, el gobernador había expresado claramente que optaría por el diálogo y la negociación con los movimientos sociales y de desocupados, antes que por la represión y la criminalización de la protesta social. Los cortes de calle en la capital del Chaco y en las inmediaciones de la Casa de Gobierno se convirtieron en una escenografía habitual para el habitante de Resistencia. Y desde amplios sectores de la sociedad, y también desde adentro de su coalición de gobierno, le criticaban su excesiva vocación de ceder ante los reclamos sociales, advirtiendo que se estaban alimentando demandas que, en lugar de disminuir, nunca alcanzaban su techo.

Todo ese complejo escenario se radicalizó aún más luego de las elecciones del 28 de junio, donde el frente Chaco Merece Más que conduce el gobernador se impuso por más de 30 mil votos a la oposición conformada por el radicalismo más el ARI. La compleja situación financiera internacional-nacional-provincial postelectoral hizo que las demandas se incrementaran, no sólo con cortes de calles y rutas, sino también con acampes en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, frente a la sede de la Gobernación. Así como se enardecieron y volvieron más violentas las protestas sociales, con quema y destrucción de edificios públicos en algunos casos, también se extendió y consolidó en la sociedad resistenciana un amplio consenso en la salida represiva para frenar la protesta social. En el marco de movimientos políticos intransigentes, que apostaron al “cuanto peor, mejor”, que en ningún momento contemplaron la posibilidad de realizar una lectura política del consenso represivo en su contra que estaban ayudando a consolidar, se produjo la decisión que muchos estaban esperando: se desalojó un espacio público donde había un campamento de desocupados que reclamaba por promesas incumplidas del gobierno provincial. Es cierto que una parte importante de ellos recibe el apoyo y la logística de la oposición política provincial –léase Alianza Frente de Todos-, no obstante resulta injustificable semejante despliegue para demostrar una supuesta autoridad, que en realidad, lo que hace es desnudar la impotencia de un gobierno provincial que no encuentra respuestas al conflictivo panorama de la provincia.

Tal vez, para muchos funcionarios provinciales ver ese acampe era ver todos los días su propia impotencia de no encontrar una respuesta razonable a esos reclamos que, insistimos, son sobre cuestiones que el gobierno se comprometió a cumplir. Ahora no verán el acampe, pero los problemas sociales persisten, y es un imperativo resolverlos. El Chaco es una de las provincias con mayor pobreza del país, eso ya no es noticia para nadie.

Uno de los principales representantes de los “halcones” que propician la política de garrote para eliminar a la conflictividad social, es el vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff, que, cada vez que Capitanich no estuvo en la provincia, buscó las mil y un maneras para deshacerse de los revoltosos que tanto afean a la bella y pura Resistencia. Hasta hace pocos días, sus intentos habían sido infructuosos, pero a partir del 30 de septiembre a las 14, algo cambió. Justo es recordar que cuando los chacareros mantuvieron sitiadas ciudades enteras como Presidencia Roque Sáenz Peña por varios días, provocando desabastecimiento e impidiendo el paso de ambulancias, muy pocos desde el gobierno provincial señalaron el remanido latiguillo de que "el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás" o "el derecho a la libre circulación". Claro, es lo que el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, alguna vez dijo: "Hay piquetes blancos y piquetes negros".

Pero lo más curioso es que este acampe en la Plaza 25 de Mayo no era un corte de calles. Lo que molestó aquí es mirar las consecuencias del abandono del Estado durante muchos años. Por supuesto que eso no se puede atribuir exclusivamente a este gobierno de Capitanich, la destrucción y el latrocinio provincial fue un largo proceso que contó con la complicidad de amplios sectores de la sociedad que, justamente, hoy le reclaman palos para los que protestan, muchos de los cuales son los mismos que reclamaban en gobiernos anteriores.

En medio de esto, no se puede soslayar que durante el operativo de desalojo se pudo comprobar como un comisario -claramente identificado- agredió deliberadamente a un reportero gráfico de un medio local. Luego de ver la fotografía que prueba el accionar de ese comisario, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, sólo le pidió disculpas al fotógrafo. Antes, había dicho que su lesión fue un “efecto colateral” del operativo.

¿Capitanich cedió al reclamo de los halcones? Esa parece ser la conclusión. A tal punto que la propia esposa del gobernador, luego de tratar de impedir el desalojo con su presencia en apoyo a los movimientos sociales, fue despedida del gabinete provincial. Y, al día siguiente, el gobernador anunció el inicio de los trámites de divorcio y ordenó que se prohíba su ingreso a la Casa de Gobierno.

La lógica de culebrón que le imprimen los medios concentrados porteños esconde lo que verdaderamente está sucediendo en la provincia, y es que los “halcones” se comienzan a imponer a las “palomas” en la respuesta al conflicto social, o lo que es lo mismo, el gobierno de Capitanich comienza a recostarse sobre la derecha política que integra su coalición.

Foro sobre la ley de Medios en Resistencia

En la UTN de Resistencia

Importante participación en Foro sobre la ley de Medios

Este jueves por la noche, en el aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, delegación Resistencia, se desarrolló el Foro de Esclarecimiento sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que actualmente cuenta con media sanción de Diputados y es analizado por las comisiones en el Senado de la Nación.

Ante una importante convocatoria conformada por dirigentes de organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, trabajadores de prensa y empresarios de medios, el encuentro comenzó con la lectura de la Carta Abierta Chaco Nº5 –organizadora del evento junto a la Asociación Civil Nuestra Voz- en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Posteriormente, comenzó la exposición de los integrantes del panel. El primero en tomar la palabra fue el licenciado Roberto Satina, profesor de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste, quien subrayó que fue precisamente en las universidades nacionales –fundamentalmente en la de Periodismo de La Plata- en dónde comenzó a gestarse la necesidad de avanzar hacia una ley de medios que reemplazara a la de la dictadura.

La comunicadora indígena Mónica Charole destacó la apertura del gobierno nacional para incorporar todas las sugerencias aportadas por los representantes de los pueblos originarios que participaron de todos los foros que se realizaron para debatir sobre el proyecto de ley.

Luego, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Antonio Morante, destacó el todo el proceso de discusión previo al ingreso del proyecto al Congreso de la Nación, y consideró que la iniciativa es fundamental para avanzar en los grandes cambios que impulsa el gobierno nacional. Además, destacó el amplio consenso logrado en Diputados con los demás bloques de centroizquierda, con lo cual se demostró la vocación de diálogo del gobierno nacional.

A su turno, el diputado provincial por el Frente Grande, Daniel San Cristóbal, recordó el origen dictatorial de la actual ley de Radiodifusión remarcando que fue elaborada bajo la “doctrina de la seguridad nacional” con el concepto de “enemigo interno”. Además, la calificó como un “esperpento jurídico” considerando que no podía dársele la categoría de ley por haber sido sancionada en 1.980, cuando no funcionaba el parlamento y ya se conocía sobre las desapariciones, las torturas y el exilio de miles de argentinos. No obstante, el legislador consideró que la probable sanción de la ley “es sólo el comienzo” ya que después habrá que militar para su instrumentación.

En representación de la Asociación Civil Nuestra Voz, la doctora Susana Pachecoy, leyó un documento enviado especialmente por el coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión, Luis Lázzaro, quien no pudo participar de la reunión por encontrarse en las audiencias que se desarrollan en el Senado de la Nación. En el texto se describieron todas las modificaciones que se incorporaron al proyecto, en su mayoría aportadas por partidos de la oposición de centroizquierda que luego acompañaron la aprobación de la media sanción.

Pachecoy también aclaró que “esta ley no es una ley K”, y subrayó que el proyecto, que apunta a la “desmonopolización en la propiedad de los medios”, nació de la militancia de cientos de organizaciones de la sociedad civil que hace un par de años elaboraron los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que fueron la base para el proyecto que elaboró el Ejecutivo y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner resolvió enviar al Congreso Nacional.

Luego de la exposición de los panelistas, desfilaron por el micrófono representantes de distintas organizaciones sociales, gremios, partidos políticos y representantes de radios comunitarias de Resistencia que destacaron la importancia de esta norma para la democracia, pero que también reclamaron por la regulación de la pauta publicitaria oficial, entre otros puntos importantes.