Masacre en Formosa: la indiferencia no es una opción

Había que hacer algo para que no suceda la muerte de Mariano Ferreyra. Había que terminar con el perverso sistema de empresas ferroviarias tercerizadas en Buenos Aires. A su modo, sin admitir públicamente la parte de responsabilidad que le correspondió, el gobierno nacional asumió el compromiso de terminar con ese sistema. En la justicia, apoyando la investigación que podría ponerle punto final a las patotas de la Unión Ferroviaria; y en el ámbito laboral trabajando para la incorporación de los trabajadores tercerizados. Pura política. Claro, a un costo muy alto, tuvo que morir otro pibe de los sectores populares. Pero el gobierno nacional, casi siempre sin hacer demasiada alharaca, suele hacerse cargo de situaciones de gravedad institucional que a veces lo rozan de cerca.

El caso Formosa tiene similitudes en cuanto a ser un proceso de deterioro institucional que no nació de un día para el otro. Las características de esa provincia, con un sistema político absolutamente ineficiente, fueron el caldo de cultivo perfecto para que sucediera lo que sucedió con los integrantes de la comunidad qom La Primavera. No obstante el caso en particular, la Argentina está muy lejos de saldar su deuda con los pueblos originarios. Porque no sólo pasa con los qom en Formosa, también en el Chaco, pasa con los indígenas desalojados en Santiago del Estero, los mapuches en el sur, los wichí en Salta, y seguimos contando.

Tal vez dos de las grandes deudas pendientes del kirchnerismo sean la falta de políticas de Estado destinadas a los pueblos originarios y la escasa preocupación estatal por la cuestión ambiental. Y la crítica no pasa por promover algún tipo de indigenismo o ambientalismo new age sino de exigir y trabajar para que el proyecto nacional incorpore en su agenda estas demandas históricas, como ha demostrado que puede hacerlo con el matrimonio igualitario y la ley de Medios. Claro que hay intereses y claro que hay contradicciones.

Ahora, ya, algo hay que hacer con lo que sucedió en Formosa. Sin caer en el consignismo bienpensante que reclama la intervención federal, ni el silencio estruendoso del gobierno nacional que se aproxima a la complicidad. Algo había que hacer en Formosa para evitar lo que sucedió. Sigue habiendo cosas por hacer luego de la masacre. Y los primeros que lo deben hacer son los formoseños. El hecho trágico, repudiable, del asesinato de los dos indígenas deja fuera de la interpretación todo el proceso histórico que lleva a ese desenlace. Primero, principal, no hubo ninguna mediación política que evitara el enfrentamiento que muchos preveían. Ningún diputado, ningún senador formoseño intervino durante estos más de cuatro meses que las comunidades indígenas cortaban la ruta 86 en reclamo de tierras.

La falta de “institucionalidad” –pido disculpas por ese prurito liberal- en Formosa llevó a ese desenlace. Claro que el gobernador Insfrán es uno de los principales responsables, pero allí hay todo un sistema político e institucional que no funciona, y no todo puede ser atribuible al autoritarismo de Insfrán. Allí hay una sociedad sin alternativas, sin respuestas. Insfrán, nos guste o no, está ampliamente legitimado por el voto popular. También lo estuvieron los Saadi en Catamarca y los Juárez en Santiago del Estero, hasta que cayeron. ¿Dónde está el diputado radical y sojero formoseño Ricardo Buryaille? ¿Ocupado mandando a desalojar y desmontar como lo denunciaron hace un tiempo? Decíamos que en Formosa no funciona el sistema político, pero tampoco funcionó la Justicia. O al menos no de la manera en que debió haberlo hecho.

Como kirchnerista, asumo que el gobierno nacional no ha adoptado hasta el momento una clara y precisa política en cuanto a los reclamos de los pueblos originarios acorde a los convenios internacionales. O, al menos, lo que hizo no fue con la convicción necesaria para instalarlo como política de Estado.

La ley 26160 que declara en emergencia las tierras ocupadas por comunidades indígenas prohíbe los desalojos. Eso es taxativo, no hay dos bibliotecas. La justicia rara vez la hace cumplir. En el Chaco, hace poco tiempo se produjo un caso similar que no llegó a desenlaces tan terribles como el de Formosa. Una fiscal ordenó el desalojo de una familia indígena priorizando el “derecho de propiedad no indígena” a los convenios internacionales y las normativas nacionales sobre territorios ocupados por los pueblos originarios. Como la justicia no hizo lo que debía, el “gobierno K” del Chaco envió un proyecto de ley para expropiar las tierras que generaron el conflicto y, luego de un año que el proyecto fue cajoneado en la Legislatura provincial, se convirtió en ley. Eso generó la inmediata liberación de dos integrantes de la familia indígena que habían sido detenidos por no acatar la orden de desalojo. Fueron liberados, pero las causas penales contra ellos persisten. Ese conflicto tuvo una resolución institucional, una mediación de la política. Pero los casi diez perdigones de balas de goma que la policía del Chaco le disparó en el pecho a un indígena -en un confuso episodio en Juan José Castelli hace un par de meses- sigue haciendo sonar las alertas de todo el andamiaje institucional de los estados provinciales y del nacional. En muchos casos ni los funcionarios judiciales ni la policía están formados en la no discriminación y el respeto por la diversidad cultura de las comunidades indígenas, eso que los antropólogos suelen llamar la “otredad”.

Desde el kirchnerismo siempre decimos, y existen claros ejemplos de ello, que este proyecto ha permitido importantes reivindicaciones sociales y ampliaciones de derechos de los más diversos sectores. Que ha hecho mucho por pelear batallas que se creían perdidas de antemano. Y lo hizo ejercitando el oficio de la política, incorporando demandas sociales (la demonizada “cooptación”) y convirtiendo las respuestas en políticas de Estado, nunca permaneciendo indiferente. Es lo peor que puede suceder.

La situación de los pueblos originarios en la Argentina, incluida Formosa, merece una respuesta desde el Estado, que deberá buscar la mejor manera de resolver la situación. La indiferencia nunca fue una opción para el kirchnerismo. Tampoco debería serlo ahora.